Dos temas han sido cruciales para que los críticos y opositores al gobierno hagan de las suyas. Y en mucho tienen razón. Primero, la propuesta del Gobierno sobre el presupuesto de la nación para el próximo año fiscal y, segundo, los cerca de dos millones de estadounidenses que están inscritos para votar pero que ya no están con vida (sí, están muertos).

El Gobierno ya ha dado un número para el periodo fiscal 2013: 3.8 billones de dólares que aumentaría la carga impositiva para las rentas superiores a 250,000 dólares al año, enfocado en la creación de empleo en el corto plazo y en el recorte del déficit en el largo.

Aunque la propuesta tiene pocas posibilidades de ser aprobada en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, además, en un año de elecciones, los demócratas seguramente no darán su brazo a torcer.

Lo que asegura el Gobierno es que las propuestas ayudarán a fortalecer la economía y han aprovechado para culpar de la actual situación al legado financiero que heredaron del expresidente George W. Bush. En eso estamos de acuerdo.

Además se ha incluido recortes en prácticamente la totalidad de los ministerios y agencias.

Ahora, mientras se habla del gasto que debe enfrentar la nación, ha salido a la luz casi en simultáneo un informe que ha generado una catarsis mediática.

Poco más de 1.8 millones de estadounidenses ya fallecidos siguen en el registro de votantes, mientras que al menos 51 millones de ciudadanos, o más de una cuarta parte de la población, cumplen los requisitos para votar, pero no se han empadronado.

Alrededor de 24 millones de archivos de votantes, o uno de cada ocho, han perdido validez o contienen imprecisiones “significativas”, según el informe.

Y aproximadamente 2.75 millones de personas están inscritas para votar en más de un estado, mientras que unos 12 millones de archivos tienen direcciones incorrectas, ya sea porque el votante se mudó de domicilio o porque es imposible localizarlos por correo para corregir los formularios.

Todo porque el sistema que utiliza este país, que data del siglo 19, no ha logrado adaptarse a los avances que hoy en día ofrece la tecnología.

En 2008, por ejemplo, el estado de Oregón y las autoridades locales gastaron 4.11 dólares por cada votante para procesar su registro electoral.

Entonces, mientras que por un lado se habla de gastar eficientemente, por el otro el dinero de los contribuyentes se despilfarra.

No es posible que la modernización en materia electoral siga en el letargo de antaño cuando el mundo actual se mueve a velocidades increíbles y, quizás más a menudo que antes, va demasiado rápido como para llevarle el paso.

Por El Editor

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